El titular del despacho es designado administrador concursal por los juzgados de lo mercantil. Conocer el concurso desde dentro del cargo —con sus facultades, sus plazos y su responsabilidad— es lo que aplicamos después cuando defendemos a una empresa, a un acreedor o a un comprador.
La administración concursal es el órgano que el juez nombra en el mismo auto en que declara el concurso (salvo en el concurso sin masa). No es un asesor de la empresa ni un abogado de los acreedores: es un órgano del procedimiento, independiente de ambos, con facultades propias y con responsabilidad personal por cómo las ejerce.
El cargo no se solicita ni se contrata. El juzgado lo designa de entre los profesionales inscritos a tal efecto —abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores que acreditan formación y experiencia concursal—, y una vez aceptado, quien lo ocupa responde ante el juez, no ante quien le paga.
Esa es la clave para entender por qué importa. La administración concursal es quien propone, en la práctica, cuánto va a cobrar cada acreedor y en qué condiciones puede seguir funcionando la empresa. Sus decisiones se recurren, pero mientras no se revocan, son las que valen.
Las funciones que más consecuencias tienen para quien está dentro de un concurso son estas:
Cuando se declara un concurso voluntario, lo normal es que la administración concursal intervenga: el órgano de administración de la sociedad sigue en su puesto, pero sus actos necesitan autorización o conformidad.
Cuando el concurso es necesario —lo pide un acreedor—, lo normal es la sustitución: la administración concursal pasa a administrar la sociedad y el órgano social queda suspendido en esas facultades.
La diferencia no es un matiz procesal. Determina quién firma, quién negocia con los bancos, quién decide un despido y quién responde de lo que se haga a partir de ese momento. Y el régimen puede cambiar durante el procedimiento, a instancia de la propia administración concursal.
Si está pensando en solicitar el concurso de su empresa, esta es una de las razones por las que el momento y la forma de pedirlo importan tanto.
Esta página existe por una razón concreta, y conviene decirla sin rodeos.
Un abogado que ha sido administrador concursal sabe cosas que no se aprenden desde el otro lado:
Sabe qué va a mirar la administración concursal, y por tanto qué documentación hay que tener ordenada antes de presentar la solicitud. Un concurso que entra bien documentado se tramita con más agilidad que uno que entra a medias.
Sabe cómo se clasifica un crédito en la práctica, no solo en el manual. Y la clasificación es lo que decide si un acreedor cobra, si cobra parcialmente o si no cobra nada.
Sabe qué conductas acaban mencionadas en la sección de calificación. Esa sección es la que puede convertir un problema de la sociedad en un problema del patrimonio personal de su administrador. Saber qué se mira permite corregir a tiempo lo que todavía es corregible.
Sabe cuánto tarda cada cosa de verdad, que rara vez coincide con lo que dice el calendario legal.
Y sabe dónde están los límites del cargo, que es lo que permite discutir con criterio una decisión de la administración concursal cuando perjudica a nuestro cliente, en lugar de aceptarla por desconocimiento.
No es una credencial decorativa: es haber tenido el expediente en las manos desde el lado que decide.
La administración concursal no se contrata: la designa el juez. Por eso todos los nombramientos son públicos, y usted no tiene por qué creerse nada de lo que lea en esta página.
El titular del despacho ha sido designado administrador concursal por los juzgados de lo mercantil de Valencia, y también fuera de la Comunidad Valenciana.
No publicamos aquí la relación de concursos en los que hemos sido designados. Son empresas que atravesaron una situación difícil, y no nos parece que su nombre deba figurar en la página comercial de quien fue su administrador concursal. El mismo criterio que aplicamos con ellas es el que aplicaríamos con usted.
Pero el dato es público y puede comprobarlo sin pedirnos permiso ni identificarse: busque «Hernández Peris» en el Registro Público Concursal o en el buscador del Boletín Oficial del Estado. Los dos son gratuitos y de acceso libre.
La reforma de 2022 abrió una vía que cambia el pronóstico de muchas empresas: permite preparar la venta de la unidad productiva antes de declarar el concurso, con un experto designado por el juzgado para recabar y evaluar las ofertas, de modo que la transmisión pueda autorizarse al comienzo del procedimiento y no al final de una liquidación.
Es la diferencia entre vender un negocio que todavía funciona y liquidar los restos de uno que ya ha cerrado. Para los trabajadores, puede ser la diferencia entre un cambio de titular y el paro.
Está regulado en los artículos 224 bis a 224 septies del texto refundido de la Ley Concursal, y es una de las áreas en las que trabajamos con más frecuencia.
→ Concurso sin masa: qué ocurre cuando una empresa o autónomo se queda sin bienes
→ Pre-pack concursal: cómo se vende una empresa en crisis antes de declarar el concurso
Puede que haya llegado a esta página porque ha recibido una comunicación y no sabe qué significa. Tres situaciones y lo que conviene hacer en cada una:
Es acreedor de una empresa en concurso. Tiene un plazo para comunicar su crédito, y es breve. Si lo deja pasar, su crédito puede quedar clasificado como subordinado, que es la última posición en el orden de cobro. Lo que comunique y cómo lo justifique determina la clasificación, y la clasificación determina lo que va a cobrar.
Es administrador de la sociedad concursada. La administración concursal va a pedirle documentación y explicaciones. Lo que entregue y cómo lo entregue tiene consecuencias en la sección de calificación, y esa sección afecta a su patrimonio personal, no solo al de la sociedad. Conviene tener asistencia desde el primer requerimiento, no desde el primer disgusto.
Es trabajador de la empresa. Sus créditos laborales tienen un tratamiento específico y preferente, con límites, pero hay plazos y hay que ejercitarlos. El Fondo de Garantía Salarial no cubre automáticamente todo.
En los tres casos la primera conversación es confidencial y sin compromiso, y sirve, al menos, para saber si tiene algo que hacer y cuándo.
Buena parte de nuestro trabajo llega derivado de profesionales que detectan el problema antes que nadie: el asesor fiscal que ve el balance deteriorarse, el abogado generalista cuyo cliente deja de pagar, el economista que prepara un plan de viabilidad que no cuadra.
Trabajamos con ellos sin tocar su relación con el cliente, y con los honorarios de cada uno claros desde el principio y facturados al cliente por separado.
¿La administración concursal trabaja para la empresa o para los acreedores?
Para ninguno de los dos. Es un órgano del procedimiento, con independencia de ambos y responsabilidad personal ante el juez. Esa independencia es precisamente lo que da valor a sus informes.
¿Se puede elegir quién será el administrador concursal del propio concurso?
Por regla general, no: la designación corresponde al juzgado. En el pre-pack, el experto nombrado puede pasar a ser administrador concursal si el juez lo ratifica. Lo que sí se puede es preparar el concurso de modo que la administración concursal encuentre un expediente ordenado, lo que acorta plazos y reduce fricción.
¿Quién paga a la administración concursal?
Sus honorarios se fijan por el juzgado con arreglo a un arancel y se pagan con cargo a la masa, es decir, con el patrimonio del concursado, antes que los créditos concursales.
¿Se pueden recurrir sus decisiones?
Sí. La clasificación de los créditos y el inventario se impugnan dentro del propio procedimiento, con plazos propios. Son impugnaciones técnicas y es donde más se nota conocer el cargo por dentro.
¿Qué diferencia hay entre administrador concursal y experto en la reestructuración?
Son figuras distintas. El administrador concursal actúa en el concurso ya declarado. El experto en la reestructuración interviene antes, en los planes de reestructuración, y su función es otra. Ambas requieren designación.
La primera conversación es confidencial y sin compromiso. Si su empresa, su crédito o su cliente están dentro de un concurso —o van a estarlo—, lo que se decida en las primeras semanas pesa más que todo lo que venga después.
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