«No hay bienes ni dinero en la caja, así que no hay nada que hacer: dejamos la sociedad parada.» Es una frase que escucho con frecuencia cuando un asesor me consulta por un cliente sin activos y con deudas. Y es uno de los errores con consecuencias patrimoniales más graves para quien administra una sociedad: la falta de bienes no paraliza las obligaciones legales ni exime de responsabilidad a quien la dirige.
Para canalizar precisamente estas situaciones, la reforma de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, regula el concurso sin masa en los artículos 37 bis a 37 quinquies del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Veamos cómo funciona y qué es lo que no soluciona.
Qué es exactamente el concurso sin masa
Es el concurso del deudor insolvente que no tiene con qué pagar ni siquiera el procedimiento. El artículo 37 bis TRLC lo concreta en cuatro supuestos:
- El deudor carece de bienes y derechos legalmente embargables.
- El coste de realizar sus bienes es manifiestamente desproporcionado respecto a su previsible valor de venta.
- Los bienes libres de cargas valen menos que el coste previsible del procedimiento.
- Las cargas y gravámenes que pesan sobre sus bienes superan su valor de mercado.
No debe confundirse con la conclusión del concurso por insuficiencia de masa, que se produce cuando el procedimiento ya está abierto y el dinero se agota durante la tramitación. En el concurso sin masa, la falta o la inutilidad de los activos se constata desde la propia solicitud.
Cómo funciona en la práctica
A diferencia del concurso ordinario, no se nombra de entrada un administrador concursal, lo que ahorra tiempo y coste:
- Declaración. Si de la solicitud y sus documentos resulta que se da alguno de esos supuestos, el juez dicta auto declarando el concurso, con expresión del pasivo y sin más pronunciamientos (art. 37 ter.1 TRLC).
- Llamamiento a los acreedores. El auto se publica en el suplemento del tablón edictal judicial único y en el Registro público concursal. Los acreedores que representen, al menos, el 5 % del pasivo tienen quince días, desde el día siguiente a la publicación del edicto, para pedir el nombramiento de un administrador concursal.
- Informe limitado. Si se nombra, el administrador concursal tiene un mes desde que acepta para emitir un informe razonado sobre tres cuestiones: si hay indicios de actos perjudiciales para la masa que puedan rescindirse, si los hay para ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores, de derecho o de hecho, y si el concurso pudiera calificarse como culpable (arts. 37 ter.1 y 37 quater.1).
- Continuación, solo si hay indicios. Si el informe los aprecia, el juez dicta un auto complementario y se abre la liquidación (art. 37 quinquies).
Un dato que cambia el comportamiento de los acreedores: el juez fija la retribución del administrador concursal en el auto de nombramiento, y la pagan los acreedores que lo pidieron (art. 37 quater.1). Por eso, en muchos casos, nadie lo pide.
Para qué sirve, según quién sea el deudor
- Si es una persona física (autónomo o particular): si ningún acreedor legitimado pide administrador concursal, puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, la segunda oportunidad (art. 37 ter.2). Ojo al plazo: diez días desde que vence el de los acreedores o, si el administrador concursal nombrado no aprecia indicios suficientes para continuar, desde la emisión de su informe (art. 501.1).
- Si es una sociedad: la ley no dice expresamente qué ocurre cuando nadie pide administrador; en la práctica, el juzgado concluye el concurso. La conclusión por insuficiencia de masa de una persona jurídica lleva al cierre provisional de su hoja en el Registro y, pasado un año sin reapertura, a su cancelación definitiva (art. 485). Es la forma ordenada de cerrar y evita la sociedad «zombi», parada pero viva en el Registro y expuesta a derivaciones y ejecuciones.
Los plazos que todo asesor debe vigilar
Cuando la sociedad está en esta situación, suelen correr a la vez dos relojes:
- Plazo concursal: dos meses desde que el deudor conoce o debe conocer su insolvencia actual para solicitar el concurso (art. 5.1 TRLC).
- Plazo societario: dos meses para convocar junta si hay causa legal de disolución, por ejemplo pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que proceda solicitar el concurso, o la inactividad durante más de un año, que es la causa que suele concurrir en una sociedad parada (arts. 363.1.a, 363.1.e y 365.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
Los administradores que no convocan la junta en ese plazo responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución (art. 367.1 LSC). La ley les libera de esa responsabilidad si, dentro de los dos meses, solicitan el concurso o comunican al juzgado negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración (art. 367.3 LSC). Por eso quien prepara el cierre contable y detecta la situación tiene en la mano algo más que un consejo: tiene el calendario de responsabilidad del administrador.
Lo que el concurso sin masa no soluciona
Pedir un concurso sin masa no es una amnistía sobre lo que se hizo antes. Hay dos límites que conviene explicar al cliente desde el primer día:
- La sociedad se extingue; las garantías personales, no. Los avales y fianzas que el administrador o los socios firmaron a favor de bancos o proveedores siguen siendo exigibles. Quien avaló como persona física responde con su patrimonio y, si no puede pagar, tendrá que acudir a su propio procedimiento de segunda oportunidad.
- No sana una liquidación desordenada previa. Si el administrador fue liquidando de hecho, pagando a unos acreedores y no a otros, o no puede explicar dónde fueron los activos de valor, eso es precisamente lo que el informe del administrador concursal puede sacar a la luz si algún acreedor lo pide. Y, al margen del concurso, puede fundar reclamaciones de los acreedores perjudicados, incluida la acción individual de responsabilidad contra el administrador (art. 241 LSC).
Dos escenarios con la misma sociedad
Escenario A: se actúa a tiempo. Una sociedad de distribución sin inmuebles acumula 120.000 euros de deuda tras perder a su principal cliente. Al preparar el cierre contable, el asesor detecta la insolvencia y la causa de disolución, y deriva el caso. Dentro de los dos meses se solicita el concurso sin masa. Los acreedores no piden administrador concursal porque no les compensa el coste, y el juzgado declara y concluye. La sociedad se cierra de forma ordenada y el administrador ha hecho lo que la ley le exige para no responder de las deudas posteriores por la vía del artículo 367 LSC, aunque sus avales personales sigan ahí.
Escenario B: se deja pasar. La misma sociedad deja de operar sin pedir nada. Los proveedores demandan y acreditan que la sociedad estaba en causa de disolución y que el administrador no hizo nada. El riesgo es que acabe respondiendo con su propio patrimonio de las deudas posteriores, además de las posibles derivaciones tributarias.
(Casos ilustrativos; no corresponden a ningún cliente real.)
Si tienes un cliente en esta situación
La falta de masa no es un motivo para no hacer nada: es justo el presupuesto de este procedimiento. Lo que separa un cierre ordenado de un problema de responsabilidad personal suele ser cuándo alguien levanta la mano. Antes de dar por cerrado un caso sin bienes, conviene preguntar tres cosas: si hay avales personales, qué movimientos hubo con socios y vinculadas en los últimos meses y cuánto queda de los dos plazos de dos meses.
Trabajo habitualmente con asesores, economistas y despachos generalistas que necesitan apoyo concursal sin perder la relación con su cliente: puedes ver cómo funciona esa colaboración en alianzas profesionales. Y si eres el administrador de la empresa y crees que el momento ha llegado, lo útil es revisar los plazos y las opciones antes de que se agoten: escríbeme y lo vemos, o llama al 963 523 146.
Este artículo es información general y no sustituye al asesoramiento profesional. Cada caso exige un análisis individualizado.