Cuando una empresa deja de poder pagar, la imagen que casi todo el mundo tiene en la cabeza es la del cierre: la actividad parada, la plantilla en la calle y los activos vendidos por piezas muchos meses después. Existe otra vía, y está en la ley desde 2022: preparar la venta de la empresa antes de declarar el concurso, para que el día en que el concurso se declare el comprador ya esté encontrado.
Es lo que en la práctica se conoce como pre-pack concursal. El Texto Refundido de la Ley Concursal lo regula en los artículos 224 bis a 224 septies, incorporados por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva. Veamos cómo funciona, quién puede pedirlo, qué hace el experto que nombra el juzgado y —sobre todo— cuál es el error de calendario que deja a la mayoría de las empresas fuera de esta solución.
Qué es el pre-pack y en qué se diferencia de una liquidación
En una liquidación ordinaria la venta llega al final del camino. Primero se declara el concurso, después se tramita, y cuando por fin se abre la liquidación han pasado meses: la actividad está parada, los clientes se han ido a la competencia, los trabajadores con mejor perfil han encontrado otro trabajo y lo que queda por vender ya no es una empresa, sino un inventario.
El pre-pack invierte el orden. El deudor pide al juzgado el nombramiento de un experto independiente que recabe ofertas de terceros para la adquisición, con pago al contado, de una o varias unidades productivas. Esa búsqueda se hace antes de la declaración de concurso y de forma reservada. Cuando el concurso se declara, la operación ya está preparada y queda la fase de concurrencia de ofertas y la aprobación judicial, con los controles que después veremos.
La diferencia práctica es considerable:
- Normalmente se transmite una empresa en funcionamiento, con sus contratos, sus clientes y su plantilla, no una suma de activos sueltos.
- La búsqueda de comprador se hace sin el estigma y sin la parálisis que acompañan a un concurso ya declarado.
- Los acreedores suelen recuperar más, precisamente porque una unidad productiva en marcha vale más que sus elementos por separado.
- Se conserva actividad y empleo: el adquirente asume el compromiso de continuar o reiniciar el negocio.
Quién puede pedirlo y en qué momento
El artículo 224 ter TRLC es deliberadamente amplio. Puede solicitarlo el deudor, persona natural o jurídica, cualquiera que sea la actividad a la que se dedique, y en cualquiera de los tres escenarios de dificultad que reconoce la ley:
- Probabilidad de insolvencia: todavía paga, pero es objetivamente previsible que dejará de poder hacerlo en los próximos dos años.
- Insolvencia inminente: prevé que en los tres próximos meses no podrá pagar regularmente.
- Insolvencia actual: ya no puede atender sus obligaciones a su vencimiento.
La norma permite además pedirlo respecto de unidades productivas que ya hubieran cesado en la actividad. Conviene entender bien ese dato: jurídicamente la puerta sigue abierta, pero en términos económicos cada semana de persiana bajada resta valor a lo que se pretende vender. Con la actividad detenida, lo que se ofrece al mercado rara vez es una empresa; son activos con un rótulo encima.
El experto, y por qué su nombramiento se mantiene reservado
El cargo puede recaer en persona natural o jurídica que reúna las condiciones para ser nombrado experto en reestructuraciones o administrador concursal, y su aceptación es voluntaria. En la resolución, el juez fija la duración del encargo y la retribución, atendiendo al valor de las unidades productivas; esa retribución puede depender, total o parcialmente, del resultado obtenido.
Hay un detalle del artículo 224 quater que explica por qué esta figura funciona: la resolución por la que se acuerda el nombramiento del experto se mantiene reservada. No se publica. Esa confidencialidad es el corazón del mecanismo, porque permite buscar comprador sin que los bancos corten las líneas, sin que los proveedores exijan pago anticipado y sin que los clientes empiecen a buscar alternativas. Un proceso de venta anunciado a los cuatro vientos destruye por sí solo buena parte del valor que trata de salvar.
Nombrar al experto no detiene el reloj del concurso
Este es el punto donde he visto más confusión, y conviene subrayarlo. El artículo 224 quinquies TRLC es tajante: el nombramiento del experto no exime al deudor del deber de solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual.
Es decir: el pre-pack no es una moratoria ni una forma elegante de ganar tiempo. Quien lo utilice creyendo que el plazo del concurso queda suspendido se expone a que después se discuta la culpabilidad del concurso y la responsabilidad del administrador por solicitud tardía. El pre-pack es una herramienta para preparar una venta, no un escudo frente al deber legal de concursar.
Qué ocurre cuando el concurso se declara
Llegado ese momento, el deudor puede presentar con la solicitud de concurso una propuesta escrita vinculante de un acreedor o de un tercero para adquirir las unidades productivas (artículo 224 bis TRLC). A partir de ahí, el procedimiento está pensado para garantizar que nadie se quede fuera:
- En el auto de declaración de concurso el juez concede quince días para que los acreedores formulen observaciones y para que cualquier interesado presente una propuesta vinculante alternativa.
- La administración concursal emite informe de evaluación, atendiendo al interés del concurso y a los efectos de la resolución de contratos que cada propuesta conlleve. Si aparecen alternativas, dispone de cinco días para informar sobre ellas.
- Si hay varias ofertas, se abre un plazo simultáneo de tres días para que cada oferente mejore la suya, y el juez aprueba dentro de los tres días siguientes la más ventajosa para el interés del concurso.
- Si los propios trabajadores presentan oferta mediante una sociedad cooperativa, laboral o participada, y es igual o superior a las demás, el juez la prioriza siempre que ello atienda al interés del concurso.
- La oferta se publica en el portal de liquidaciones concursales del Registro público concursal el mismo día que la declaración de concurso.
Dos reglas más, del artículo 224 sexies: será competente para declarar el concurso el mismo juez que nombró al experto, y en la declaración podrá revocar o ratificar ese nombramiento. Si lo ratifica, el experto pasa a tener la condición de administrador concursal.
Conviene retener la secuencia: la fase de preparación es reservada, pero la de aprobación es pública y competitiva. El pre-pack no sustituye la concurrencia, la adelanta.
Dos años o tres: el compromiso que asume el comprador
Hay una diferencia que suele pasar inadvertida y que cambia lo que se negocia. El adquirente debe comprometerse a continuar o reiniciar la actividad durante un plazo mínimo, pero ese plazo no es el mismo en las dos vías:
- Dos años si la oferta se presenta ante el experto en la fase previa (artículo 224 septies.2).
- Tres años si la propuesta vinculante se presenta junto con la solicitud de concurso (artículo 224 bis.1).
En ambos casos, el incumplimiento del compromiso permite a cualquier afectado reclamar al adquirente la indemnización de los daños y perjuicios causados. Para quien compra, ese año de diferencia es una obligación real y cuantificable; para quien vende y para sus asesores, es una variable que debe estar sobre la mesa desde el primer día.
Por qué casi siempre se llega tarde
Entre 2025 y 2026 he sido designado experto independiente en cinco de estos procedimientos, en juzgados de lo mercantil de Valencia y Barcelona. Si tuviera que resumir lo aprendido en una sola frase, sería esta: los pre-packs no fracasan por falta de compradores, fracasan por falta de tiempo.
Cuando la empresa llega con la tesorería agotada, los salarios de dos meses sin pagar y los suministros a punto de cortarse, no hay margen para organizar un proceso de venta ordenado. El experto necesita semanas para preparar la información, contactar con candidatos reales y conseguir ofertas serias con pago al contado. Ese tiempo hay que tenerlo antes, no después.
Y la ley, en este punto, es generosa: permite pedir el nombramiento del experto en fase de probabilidad de insolvencia, cuando la empresa todavía paga. Esa es la ventana que casi nadie aprovecha.
Si estás viendo venir el problema
Quien primero detecta la señal no suele ser el abogado, sino el asesor fiscal o quien lleva la contabilidad: aplazamientos que se encadenan, pagos a proveedores cada vez más estirados, financiación de circulante que tapa gasto corriente. Si trabajas con una empresa en esa situación, esa conversación conviene tenerla pronto.
Trabajo habitualmente con asesores, economistas y despachos generalistas que necesitan apoyo concursal sin perder la relación con su cliente: puedes ver cómo funciona esa colaboración en alianzas profesionales. Y si eres el administrador de la empresa y crees que el momento ha llegado, lo útil es revisar los plazos y las opciones antes de que se agoten: escríbeme y lo vemos.
Si necesita asesoramiento sobre un pre-pack concursal, la venta de una unidad productiva o cualquier otra cuestión relacionada con el derecho concursal, estamos a su disposición.
Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal individualizado. Cada situación de insolvencia presenta particularidades que requieren un análisis específico por un abogado especializado en Derecho concursal.