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Concursos voluntarios, abreviados y reestructuraciones. Dirección personal del titular en cada procedimiento.
Dirigimos procedimientos concursales con criterio técnico, visión económica y control estratégico. Cada concurso lo lidera personalmente el titular del despacho, con doble perspectiva: abogado y Administrador Concursal.
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto para situaciones de insolvencia empresarial. Su objetivo es ordenar la situación patrimonial de la empresa, proteger los derechos de los acreedores y, cuando es viable, facilitar la continuidad de la actividad empresarial.
No es un trámite administrativo ni un simple cierre de empresa. Es un procedimiento jurídico complejo que afecta directamente al patrimonio de la sociedad, a la responsabilidad personal del administrador y, en muchos casos, al futuro profesional de quienes dirigen la compañía.
En Hernández Abogados intervenimos en el concurso desde una posición que va más allá de la defensa procesal: analizamos la viabilidad económica, diseñamos la estrategia jurídica y dirigimos el procedimiento con el objetivo de proteger tanto la empresa como a las personas que están detrás de ella.
La decisión de cuándo y cómo solicitar el concurso es, probablemente, la más importante que tomará un empresario en situación de crisis. Debe tomarse con información, no con miedo.
Solicitado por el propio deudor cuando detecta que no puede atender sus obligaciones de pago. Es la vía más habitual y permite al empresario mantener cierto control sobre el proceso.
Solicitado por un acreedor. Implica que el deudor no actuó a tiempo. Las consecuencias procesales y en materia de responsabilidad suelen ser más gravosas.
Cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cubrir los costes del procedimiento. Requiere una tramitación específica y una estrategia adaptada.
Comunicación al juzgado de que se están negociando acuerdos de refinanciación o reestructuración. Otorga un periodo de protección frente a ejecuciones
El procedimiento concursal se articula en distintas fases, cada una con implicaciones jurídicas específicas para la empresa y sus administradores. Conocer su estructura permite anticipar riesgos y tomar decisiones estratégicas.
Estudio de la situación patrimonial, deuda, activos y opciones legales. Determinación de la estrategia más adecuada.
Preparación de la documentación y presentación de la solicitud judicial. El juzgado declara el concurso y nombra administración concursal.
Determinación de la masa activa (lo que tiene la empresa) y la masa pasiva (lo que debe). Comunicación y reconocimiento de créditos.
Si la empresa es viable: propuesta de convenio a los acreedores (quitas, esperas). Si no es viable: plan de liquidación ordenado.
El juzgado determina si el concurso es fortuito o culpable. Esta fase afecta directamente a la responsabilidad personal del administrador societario.
Cierre formal del procedimiento. En caso de liquidación, extinción de la sociedad.
Un estudio temprano del escenario concursal permite anticipar riesgos y definir la estrategia más adecuada antes de que la responsabilidad pueda agravarse.
La responsabilidad del administrador
Una de las mayores preocupaciones de cualquier empresario en situación de insolvencia es la responsabilidad personal. La legislación concursal prevé que, si el concurso es calificado como culpable, el administrador puede responder con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad.
Los supuestos que pueden dar lugar a la calificación culpable incluyen:
En Hernández Abogados trabajamos desde el primer momento para proteger la posición del administrador. El análisis temprano permite identificar riesgos, documentar la diligencia del gestor y preparar una defensa sólida frente a una eventual calificación.
No esperar a que el problema se agrave es la mejor protección.
Por qué Hernández Abogados
Dirección personal del titular en cada procedimiento concursal
Más de 100 concursos tramitados como abogados de la deudora desde 2005
Asesoramiento a más de 30 administraciones concursales
Equipo multidisciplinar de 14 profesionales con visión jurídica, económica, fiscal y contable
Medios propios de gestión concursal y extranet para acreedores
Implantación en Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca
Cada día sin análisis reduce el margen de actuación jurídica
Si su empresa se encuentra en dificultades financieras o si anticipa una situación de insolvencia, una valoración temprana permite diseñar la estrategia con mayor control y menor exposición a riesgos patrimoniales.
La ley obliga al administrador a solicitar el concurso de acreedores cuando la empresa se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente. El plazo legal es de dos meses desde que se conoce o se debe conocer dicha situación.
La empresa no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. Impagos reiterados o ejecuciones en curso son señales claras de insolvencia.
Aunque aún se atiendan pagos, es previsible que no puedan cumplirse en el corto plazo. Actuar en esta fase amplía el margen de protección.
No solicitar el concurso en plazo puede generar responsabilidad personal y derivar en la calificación culpable del procedimiento.
Un análisis jurídico temprano permite valorar la viabilidad del concurso y diseñar una estrategia adecuada antes de que los riesgos se agraven.
Nuestros abogados en concurso de acreedores intervienen en todas las fases del procedimiento, desde el análisis previo de viabilidad hasta la conclusión del concurso, con especial atención a la protección del administrador y del patrimonio empresarial.
Auditoría jurídica y económica previa a la solicitud del concurso, identificando viabilidad empresarial, riesgos de responsabilidad y escenarios posibles antes de adoptar decisiones.
Elaboración y defensa de propuestas de convenio, negociación de quitas y esperas y búsqueda de soluciones que permitan la continuidad de la empresa cuando resulte viable.
Estrategia jurídica orientada a evitar la declaración de concurso culpable y la derivación de responsabilidad personal al órgano de administración.
Ejercicio como Administrador Concursal cuando somos designados por el Juzgado, garantizando imparcialidad, control y cumplimiento normativo durante todo el procedimiento.
El concurso de acreedores no es únicamente un mecanismo de liquidación. Bien planteado, es una herramienta jurídica que permite reordenar la empresa y proteger al órgano de administración frente a posibles responsabilidades.
La diferencia no está en iniciar el concurso, sino en cómo se dirige.
Cada concurso requiere un análisis específico y una estrategia adaptada a la realidad económica y societaria de la empresa.
La correcta planificación del concurso resulta clave para evitar la calificación culpable y la derivación de responsabilidad.
El administrador tiene la obligación legal de solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que conoce o debió conocer la situación de insolvencia. El incumplimiento de este deber puede generar responsabilidad personal.
Depende de la calificación del concurso. Si se califica como culpable, el administrador puede ser condenado a cubrir total o parcialmente el déficit concursal. Una intervención jurídica temprana es clave para proteger esta posición.
El voluntario lo solicita el propio deudor; el necesario lo solicita un acreedor. El concurso voluntario suele ofrecer al deudor una posición procesal más favorable.
Sí. El concurso prevé la posibilidad de alcanzar un convenio con los acreedores (quitas y/o esperas) que permita la continuidad de la actividad empresarial. La viabilidad depende del análisis económico-financiero del caso.
Los honorarios dependen de la complejidad del procedimiento, el volumen de deuda y el número de acreedores. En Hernández Abogados no trabajamos con tarifas estandarizadas: cada expediente se presupuesta tras un análisis de viabilidad individualizado.
Es una comunicación al juzgado que otorga un periodo de protección frente a ejecuciones mientras se negocian acuerdos de refinanciación o reestructuración. No implica la declaración de concurso, pero requiere asesoramiento técnico para su correcta tramitación.
Si su empresa se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente, una valoración jurídica temprana puede evitar riesgos y definir la estrategia más adecuada dentro del plazo legal.
Estudiamos cada caso con rigor técnico y absoluta confidencialidad.
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